En 1590, los aragoneses estaban ya al borde de la rebelión, a consecuencia del conocido como Pleito del Virrey Extranjero. Esto suponía la negativa de los aragoneses a aceptar a un virrey extranjero, como lo era el castellano Íñigo López de Mendoza, marqués de Almenara, nombrado virrey de Aragón por Felipe II de Castilla, en 1588. Aunque al final, el rey había cedido, insistía en su derecho a nombrar virreyes.
En este contexto, llegó a Aragón Antonio Pérez en abril de 1590. Había sido secretario del rey, pero había caído en desgracia, siendo acusado de asesinato. Huyó a Aragón con la intención de que le juzgaran tribunales aragoneses, ya que era de familia aragonesa. Aquí lo acogieron un grupo de nobles aragoneses.
El rey se negaba a que lo juzgara un tribunal aragonés y exigió
que fuera entregado al Tribunal de la Inquisición, para lo que tuvo que acusarle
de herejía. Por eso, fue trasladado al Palacio de la Aljafería, sede de la
Inquisición, el 24 de mayo de 1591.
Sin embargo, un grupo de zaragozanos asaltaron a los captores de
Pérez y mataron al marqués de Almenara, representante del rey, y a algunos
miembros de la Inquisición. Antonio Pérez fue trasladado a la Cárcel de
Manifestados, reclamando la intervención del Justicia Mayor de Aragón. Se
trataba de la única cárcel de la época donde estaba prohibida la tortura. La Diputación
del Reino protestó al inquisidor, por considerar falsas las pruebas y denunciar
que se había sobornado a los testigos.
El rey insistía y, el 24 de septiembre, el Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza
cedió a las presiones y entregó a Antonio Pérez a la Inquisición. Al paso de la
comitiva que se dirigía a la cárcel, un muchacho grita: “Viva
la libertad” y es asesinado por un
arcabucero. Los zaragozanos tomaron la Cárcel de Manifestados y ayudaron a
Antonio Pérez a escapar de Zaragoza. En los tumultos murieron más de 30
personas, dejando muchos más heridos.
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